Nauru, una prisión al aire libre

Amnistía Internacional (AI) denunció esta semana que el trato que Australia da a los solicitantes de asilo y refugiados internados en el centro de tramitación en Nauru, en el Pacífico Sur, linda con la tortura.

En un nuevo informe Island of Despair basado en más de cien entrevistas y meses de investigación, AI asegura que la política de tramitación de las solicitudes de asilo en Nauru es un reflejo de “`n régimen sistemático y deliberado de negligencia y crueldad´.

Australia tiene convenios con Nauru y Papúa Nueva Guinea para establecer centros en estos dos países del Océano Pacífico  donde internar a los inmigrantes que intentan llegar a sus costas por la vía marítima y tramitar ahí su solicitud de asilo.

El programa australiano establece además que cuando estas personas logran el reconocimiento de su condición de refugiado, estos no son acogidos en Australia sino reubicados en terceros países.

La ONU y varias organismos han denunciado los problemas mentales graves, abusos físicos y sexuales a los que están expuestos estos internos, incluidos mujeres y niños, y que han llevado a algunos de ellos al suicidio, intentarlo o a autolesionarse.

`La combinación de la angustia mental severa de los refugiados, la naturaleza del sistema intencionadamente dañina, el hecho de que el objetivo de la tramitación en alta mar intenta intimidar o forzar a otros a alcanzar un resultado específico, supone que el régimen de tramitación se ajusta a la definición de tortura bajo el derecho internacional´, señaló AI en un comunicado.

La directora de investigación de AI, Anna Neistat, calificó el centro de Nauru como una prisión `al aire libre´ diseñada para `causar tanto sufrimiento como sea necesario para evitar que la gente más vulnerable del mundo intente buscar seguridad en Australia´.

La organización también criticó al primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, por poner como modelo su política de inmigración ante la Cumbre de la ONU para los refugiados celebrada el mes pasado.

Australia gasta anualmente alrededor de 434.511 dólares (396.129 euros) por la tramitación de las solicitudes de asilo en Nauru y Papúa Nueva Guinea, según datos de la Oficina Nacional Australiana de Auditoría citados por AI.

Muchos de los inmigrantes retenidos en Nauru y Papúa Nueva Guinea han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas como las minorías rohinyá de Birmania (Myanmar), o Bidún, de la región del Golfo

Nowhere Line: Voices from Manus Island, la escalofriante realidad de los campos de detención para solicitantes de asilo en Australia

Nowhere Line: Voices from Manus Island es un documental animado narrado por dos solicitantes de asilo detenidos en el llamado Manus Island Offshore Processing Centre o centro de detención para solicitantes de asilo en la isla de Manus, de jurisdicción papú y financiado por Australia;  que relatan su penoso viaje antes de acabar recluidos en la isla melanesia y las revueltas que allí  tuvieron lugar  en 2014.

En el mes de octubre de 2014, el director británico residente en Australia, Lukas Schrank, estableció contacto  con el periodista iraní Behrouz y Omar quiénes pudieron  dar a conocer su historia y experiencias desde dentro mismo del campo de detención.

Las entrevistas ofrecen una visión escalofriante de la realidad diaria de las 1700 personas que estaban retenidas de forma arbitraria en Papúa Nueva Guinea, hoy son 800.  El 17 de febrero de 2014 se produjeron en el centro violentos conflictos entre los habitantes melanesios y los refugiados, cientos de detenidos sufrieron graves lesiones. Reza Berati, iraní de 23 años fue víctima mortal.

Nowhere Line: Voices from Manus  cuenta lo acontecido aquella noche y descubre la violación de los Derechos Humanos a la que se enfrentan los solicitantes de asilo en Australia. Según la ley australiana , cualquiera interceptado mientras intenta alcanzar la costa en barco será enviado a la isla de Nauru en Micronesia o Manus en Papúa Nueva Guinea  y no tendrá derecho a ser reasentado en el país. Algunos solicitantes de asilo han pasado años en estos campos, como han criticado la ONU y varios grupos de derechos humanos, y han sido numerosos los informes de casos de abusos y daños autoinfligidos entre los detenidos, incluyendo niños. Los Gobiernos de Australia y Papua Niugini han acordado esta semana cerrar el controvertido centro de detención pero no está claro cuál será el destino de los cientos de refugiados.

La cinta a sido proyectada en diferentes países y ganó el premio al Mejor Corto Documental en el Melbourne International Film Festival 2015. Podéis visionar el documental en  Vimeo

Miembros del personal de la constructora española Ferrovial podrían ser expuestos a responsabilidades por crímenes contra la humanidad en Nauru y Manus

refugee-camp

La filtración al diario británico The Guardian  de  los Nauru Files (Archivos de Nauru) ,  más de 2.000 documentos sobre los centros de detención de inmigrantes y solicitantes de asilo del Gobierno australiano en la isla micronesia de  Nauru y en  la isla de Manus en Papua Niugini,  muestran la escala del sufrimiento al que están sometidos los internos en estos lugares: 8.000 páginas de informes internos sobre incidentes ocurridos en estos recintos, de mayo de 2013 a octubre de 2015, que relatan casos de asaltos, abusos sexuales a adultos y menores y automutilaciones, así como las terribles condiciones a que se ha relegado a estas personas. Un escándalo en el que  se ha visto arrastrada la constructora española Ferrovial, que el pasado mayo adquirió la empresa responsable de proporcionar servicios a estos centros, incluyendo el personal de seguridad responsable de muchos de estos excesos.

El pasado 25 de julio, una experta en derecho internacional de la Universidad de Stanford llegó incluso a asegurar que algunos de los empleados de la firma española podían llegar a ser procesados por su responsabilidad en estos hechos:

`Basándonos en nuestro análisis de los hechos, es posible que miembros del personal de Ferrovial podrían ser expuestos a responsabilidades criminales por crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma´, afirmaba Diala Shamas, del Centro Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de Stanford, en una entrevista. `Hemos expresado nuestra preocupación a Ferrovial en una comunicación privada con sus responsables y directores detallando nuestras conclusiones. Aún no nos han respondido´, explicaba. Desde Ferrovial, sin embargo, niegan la validez de esta argumentación legal.

El pasado 13 de mayo, Ferrovial adquirió la empresa australiana Broadspectrum , cuyo papel administrador en los mencionados centros de internamiento en Manus y Nauru ha sido muy cuestionado. Pero Ferrovial puntualiza: `Broadspectrum no gestiona estos centros. Es un proveedor de servicios del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano, ocupándose del mantenimiento, ‘catering’, limpieza, logística, seguridad, bienestar y transporte”.

Estos centros de detención ilegales forman parte de la controvertida política de asilo del Gobierno australiano desde hace una década y media, que estipula que, para evitar las responsabilidades derivadas de la legislación internacional sobre asilo, aquellos solicitantes interceptados en el mar no son enviados a la propia Australia territorial sino a  islas del Pacífico Sur , donde se evalúan sus peticiones. Se trata de un intento deliberado de disuadir a aquellos que trataban de llegar en patera a suelo australiano, dificultando muchísimo el proceso de obtención de asilo. Por ello, Camberra ha firmado acuerdos con Papúa-Nueva Guinea y Nauru para la creación de estos centros de detención, a cambio de importantes contrapartidas económicas.

Algunas voces opinan que el problema va mucho más allá de la mera gestión, y que la propia existencia del sistema de confinamiento en las islas supone ya una enorme violación de los derechos humanos. El pasado 27 de abril, el Tribunal Supremo de Papua Niugini ordenó el cierre del centro de detención de la isla de Manus, tachándola de `ilegal e inconstitucional´. Unos días después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) exigió el traslado inmediato de todos los internos a otro lugar con `condiciones humanas´. `No hay duda de que la política actual de procesamiento y detención prolongada en las islas es inmensamente dañina´, afirmó la institución en un comunicado.

No obstante, más de 1.300 personas permanecen encerradas en ambos centros a día de hoy. En junio, el psicólogo especializado en trauma Paul Stevenson, que ha trabajado regularmente en Manus y Nauru, aseguró en una entrevista que `no había visto tantas atrocidades en toda su carrera profesional de 43 años como en dichos lugares.

 Días después de la adquisición de Broadspectrum, un equipo de la ONG australiana No Business In Abuse se reunió con representantes de Ferrovial  para advertirles sobre lo que implicaba esta operación comercial. Su directora, Shen Narayanas según declaró a la prensa española,  los representantes de  Ferrovial  `no parecían tener un plan sobre qué iban a hacer´, especialmente respecto a la orden del ACNUR de transferir a los internos fuera de los centros. `Su nivel de información parecía muy bajo. Nuestra opinión es que compraron la empresa sin entender realmente de qué iba aquello, a pesar de toda la información pública y el hecho de que les habíamos contactado varias veces´, comentó

En concreto, el 29 de febrero de 2016, No Business in Abuse y el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia (HRLC) enviaron una `alerta a inversores´ a Ferrovial, sobre la posible complicidad en los abusos en la que podía incurrir la empresa con la adquisición de Transfield-Broadspectrum:   `La compañía nos indicó que no estaban preparados para hablar con nosotros mientras la oferta de adquisición estuviese vigente´, señala Rachel Ball, directora de promoción de políticas públicas del HRLC.

Para Ball, la responsabilidad de Ferrovial respecto a lo que sucede en Nauru y Manus es incontrovertible: `Las empresas que operan los centros de detención tienen obligaciones contractuales en relación con la seguridad y el bienestar de los detenidos, y están expuestos a responsabilidades civiles por los errores. Además, bajo los Principios Rectores de la ONU sobre Negocios y Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones´, indica. `El porcentaje exacto de beneficios derivados de los contratos de los centros no está claro. Un informe de expertos independientes señala que el sector social, de defensa y de propiedad, que incluye dicho contrato, suponeel 84% de la actividad económica de Broadspectrum´, afirma Ball. De acuerdo con No Business in Abuse, el Gobierno australiano paga 1,4 millones de dólares al día a la empresa por operar los campos.

A pesar de ello, la estrategia de Ferrovial parece ser la de deshacerse lo antes posible de estos polémicos centros. `El mismo día que se tomó el control de Broadspectrum, Ferrovial Servicios anunció que, dado que los servicios prestados en los Centros Regionales de Refugiados de Nauru y Manus no forman parte de su actividad, no figurarán tampoco en la oferta de Broadspectrum en el futuro. Por tanto, Broadspectrum no se presentará a la renovación del contrato, que convocará el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano´, asegura el portavoz.

`Esto sería prudente, dado que cada día que pasa, los miembros de Ferrovial se arriesgan más a una futura exigencia potencial de responsabilidades legales´, explica Diala Shams.  `Cualquier compañía que se haga con dichos contratos se encontraría en una situación similar, a menos que haya cambios significativos en la política australiana [de asilo] y en las condiciones de estos centros de detenciones´, asegura.

`Saludamos el compromiso de Ferrovial de no proporcionar estos servicios en el futuro, pero los hombres, mujeres y niños en los campos de Nauru y la isla de Manus no pueden esperar a que el contrato de Broadspectrum expire en febrero del año próximo´, asegura Ball. `Cada día que los campos siguen abiertos, los refugiados y solicitantes de asilo sufren serios daños y cada día que Ferrovial opera esos centros, la empresa estará expuesta a un significativo riesgo legal, financiero y reputacional´

Australia acepta cerrar el centro de detención de inmigrantes de Manus en Papua Niugini

PNG

Los Gobiernos de Australia y Papua Niugini han acordado cerrar el  controvertido centro de detención para solicitantes de asilo en la remota y aisada  de isla Manus, al norte  del país melanesio. No está claro cuál será el destino de los 800 refugiados que viven en este campamento, bajo jurisdicción papú y financiado por Australia. Su futuro ha sido incierto desde que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea sentenciara en abril que el centro era `ilegal e incostitucional´. El lugar ha despertado polémica por sus malas condiciones y supuestos casos de abuso, según el periódico británico The Guardian.

Según la ley en Australia, cualquiera interceptado mientras intenta alcanzar la costa en barco será enviado a la isla de Nauru en Micronesia  o Manus y no tendrá derecho a ser reasentado en el país. Algunos solicitantes de asilo han pasado años en estos campos, como han criticado la ONU y varios grupos de derechos humanos, y han sido numerosos los informes de casos de abusos y daños autoinfligidos entre los detenidos, incluyendo niños.

Parte de la sociedad de Papúa Nueva Guinea desaprueba el reasentamiento de cientos de refugiados en su país y se han registrado ataques hacia los peticionarios de asilo por parte de  los habitantes de las islas. `Papúa Nueva Guinea y Australia están de acuerdo en que el centro debe cerrarse´, ha dicho el primer ministro papú, Peter O’Neill. ´ Se han puesto en marcha ya un paquete de medidas Es importante que el proceso no se lleve a cabo con prisas, sino de forma cuidadosa´, ha añadido el lider melanesio.  No se ha establecido una fecha de cierre para el centro.

Peter Dutton, el ministro australiano de Inmigración, que se ha reunido con O´Neill este miércoles, ha reiterado que la posición de su Gobierno es que Australia no aceptará ningún refugiado detenido en el país vecino. `Ha sido una postura sólida de este Gobierno el trabajar con Papúa Nueva Guinea para cerrar el centro de Manus y apoyar a esta gente en su adaptación a la isla o en su retorno a sus países de origen´, ha declarado Dutton. El anuncio llega después de que el periódico británico The Guardian publicara documentos filtrados que detallan más de 2.000 casos de abusos sexuales, asaltos y tentativas de autolesiones registradas en dos años en el centro de detención de Nauru.

Las duras condiciones y las denuncias de abusos sistemáticos a menores en ambos campos han sido duramente criticados tanto en Australia como en el extranjero. El Gobierno australiano defiende que su política es necesaria para evitar que solicitantes de asilo mueran en el mar en la peligrosa travesía entre Indonesia a Australia. Cientos de personas murieron en los años previos a que se estableciera esta política. El cierre del centro de detención ha sido celebrado por los defensores de los derechos de los refugiados. `Casi un millar de hombres en Manus ya han perdido tres o más años de sus vidas encerrados en un limbo por ninguna razón ´ ha declarado la directora en Australia de Human Rights Watch, Elaine Pearson. `Han sufrido condiciones de suciedad y hacinamiento, atención médica inadecuada y violencia. Por fin, ha llegado el momento de permitirles seguir con sus vidas de forma segura y digna´, ha añadido en un comunicado.

Nauru abre nueva ruta aérea a los Estados Federados de Micronesia

Nauru Airlines ha anunciado el inicio, a partir del 12 de junio de 2015,  de nuevos enlaces aéreos semanales que conectarán Nauru,  Brisbane (Australia), Nadi (Fiji) , Tarawa (Kiribati)  y Majuro (Républica de las Islas Marshall), Kosrae y Pohnpei (Estados Federados de Micronesia). Los vuelos facilitarán  y fomentarán los desplazamientos y el comercio entre el norte, centro y sur del Pacífico. Estas nuevas rutas de la compañía aérea nacional micronesia supondrán el incremento de la actividad comercial y  visitantes a los Estados Federados de la Micronesia , operando con destino a Kosrae y Pohnpei los viernes y regreso a Nauru los domingos.

Nauru se queda sin dinero

El  Ministro de Economía  de  la República de Nauru, en la Micronesia, ha anunciado que  su país se ha quedado sin dinero y que pronto los servicios que el estado presta  a sus ciudadanos,  serán suspendidos. Nauru es una pequeña isla del Océano  Pacífico situada a 4722 kilómetros  al nordeste de Australia,  con una  extensión de 21 kilómetros cuadrados y una población de 9,378 personas.  En  la década de los setenta  fue  el  país más rico del mundo gracias a los beneficios derivados de la explotación de fosfatos a través de la  Nauru Phosphate Corporation, empresa estatal  que gestionaba directamente   el presidente de la República y donde gran  parte de los  beneficios iban a parar directamente a la caja del Estado. El despilfarro, la corrupción política y la falta de previsión de una economía alternativa a los fosfatos  condujo directamente a Nauru  a la bancarrota.

Hace dos años que un tribunal  dictaminó que Nauru debe dieciséis  millones de dólares a Firebird, gestor de fondos con sede en los Estados Unidos, una deuda que Nauru rechazó pagar y que hasta la fecha ha  crecido hasta alcanzar los 30 millones de dólares. Las cuentas bancarias del gobierno en  Westpac han sido congeladas,  el único dinero del que se dispone, es aquel que se encuentra  en la propia isla. Las autoridades están  tratando de revocar la decisión y con carácter de urgencia tratar de liberar los fondos. En una declaración jurada, David Adeang, Ministro de Economía informó a la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur (Australia) que en breve, la República de Nauru,  no dispondrá de dinero en efectivo cuando esta semana  haga efectivos sus últimos pagos;  por lo que  a partir de entonces no podrá remunerar  a sus funcionarios, la mitad de la población del país.

El gobierno, dice Adeang,  no podrá pagar el combustible de los aviones de su compañía aérea ni  el combustible necesario para hacer funcionar los generadores de electricidad, hecho  que afectará gravemente  al buen funcionamiento del hospital y la planta desalinizadora de agua.  Tales circunstancias tendrán un grave impacto en la sociedad y repercutirán, a un mismo tiempo, en la salud física y mental de los 1200 refugiados políticos que Australia envió  a sus campos de detención en la isla. + Info: Australia firma acuerdo con Nauru para recluir en la isla micronesia a demandantes de asilo

Los habitántes de Niue muestran su preocupación ante la posible creación por parte de Australia, de un centro de detención de demandantes de asilo

Los habitantes de Niue, el estado autónomo más pequeño del mundo,  están preocupados y asustados de que los solicitantes de asilo  que Australia  desvía  a las Islas del  Pacífico a cambio de  creación de empleo y beneficios económicos – tan necesitados por las naciones insulares- , pudieran también  ser enviados a  su isla enclavada  en Polinesia. Temor expresado ante la perspectiva de que pudieran  quedarse allí para siempre en el caso de que Australia  u otro país no  los aceptase.  No respaldan la idea de su gobierno  y consideran que  su hogar  carece de  toda  capacidad para hacer frente a  tal  proposición presentada  a las autoridades australianas. En estos momentos se están llevando a cabo estudios de viabilidad para determinar si  el pequeño estado polinesio  es capaz de  hacer  frente  y aplicar en su territorio la política de tramitación de solicitudes de asilo fuera de Australia.

Los  habitantes de  Niue no desean, ha señalado el parlamentario Terry Coe, que su isla sufra   los problemas sociales y culturales que están teniendo lugar en los centros de detención de Manus (Papúa Nueva Guinea) y Nauru (Micronesia)  y  que actualmente albergan unas 1700 personas que  han huido de conocidas zonas de conflicto, como Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria  o de la discriminación extrema  como podría ser su condición sexual.  Habiendo llegado ilegalmente a territorio australiano,  vía marítima, son enviados directamente a los campos de Nauru y Manus, donde recientemente Amnistía Internacional ha declarado en un informe que las condiciones son espantosas  y donde muy pocos han podido iniciar su solicitud del estatuto de refugiado.

Niue (2)

A pesar de los recientes informes que denuncian el trato inhumano y la violación de los derechos humanos en los campos de detención australianos en las Islas del Pacífico  el primer ministro de Niue, Toke Talagi, que declara no ser consciente de su existencia,   ofrece  su ayuda al gobierno australiano para procesar  las solicitudes de asilo;  argumentando que quiere ser un buen vecino y un miembro responsable de Foro de las Islas del Pacífico.

Desde 1974  Niue, depende de Nueva Zelanda para su defensa y relaciones internacionales, además de recibir asistencia administrativa y ayuda  económica. Localizada a 2400 kilómetros al noroeste de Nueva Zelanda es  la isla coralina elevada más grande del planeta. Tan solo 259 kilómetros cuadrados resumen su superficie terrestre, tres veces más grande que Rarotonga a 1038 kilómetros en dirección este, en el archipiélago d las Cook. El interior insular cubierto de espesos bosques tropicales, formando parte del antiguo arrecife de coral, ofrece un esplendor geológico y natural extraordinario y que en el pasado evidencio una destacada fuente de recursos alimenticios y materia prima para sus antiguos pobladores polinesios.

+Info  1.- Pacific Solution, deportando a los solicitantes de asilo en Australia a remotas islas del Pacífico 2.- Australia  firma acuerdo con Nauru para recluir en la isla micronesia a demandantes de asilo 3.-  Informe desvela las condiciones inhumanas  a las que son sometidos los demandantes de asilo que Australia mantiene en Papúa Nueva Guinea