El cierre del centro de detención de refugiados australiano en la isla de Manus aboca a un futuro incierto a cientos de internos

 

Cerca de 600 de los internos del centro de detención de la isla de Manus se niegan a abandonar las instalaciones, que cierran este martes después de que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea determinara en 2016 que el mismo era `anticonstitucional´. Las autoridades de esta nación melanesia  han indicado que el centro cerrará a las 17.00 horas (hora local), agregando que las instalaciones serán entregadas al Ejército y advirtiendo de que cualquier persona que no las abandone podrá ser retirada por la fuerza de lo que ya sería una base militar. Asimismo, han señalado que a partir de esa hora cortarán el suministro eléctrico y el agua y detendrán la entrega de alimentos , añadiendo que el personal abandonará también las instalaciones, según ha informado la cadena de televisión australiana ABC.

Las autoridades de Papua Niugini  han explicado que los internos –solicitantes de asilo en Australia en su totalidad– serán reubicados en tres localizaciones diferentes en la población de Lorengau,  principal centro urbano de Manus, si bien cientos de ellos se niegan a salir por temor a represalias por parte de la población.

Kate Shuetze, investigadora de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI), ha indicado que los internos están también preocupados por cómo podrán comprar comida y medicinas una vez sean trasladados: `Básicamente no existe un plan para que puedan reconstruir sus vidas, lo que es muy alarmante´, ha manifestado, en declaraciones a la citada cadena de televisión. `No hemos oído a las autoridades de Papúa Nueva Guinea pronunciarse sobre si estas personas podrán trabajar en la comunidad o si podrán desplazarse libremente en el país´, ha añadido.

En este sentido, Shuetze ha resaltado que `de hecho, lo que se ha oído es lo contrario, y todas las indicaciones sobre estos nuevos centros y su seguridad apunta a que les trasladan de una prisión a otra sin una lógica racional´.

Los solicitantes de asilo relataron en mayo que el cierre inminente de las instalaciones había aumentado la presión sobre ellos por temor a que estos traslados precipiten la deportación de quienes ya han rechazado la oferta australiana de retorno voluntario. Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han criticado el campo de Manus, uno de los dos creados por Australia en el Pacífico Sur ( el otro está situado en la isla de Nauru, en la Micronesia) , por las precarias condiciones, que incluyen una atención médica insuficiente y violencia.  Muchos de los ingresados en Manus y Nauru han huido de conflictos como los que se viven en Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria; otros han escapado de la discriminación como las minorías rohinyá, en Birmania (Myanmar), o bidún, en la región del Golfo.

El Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea declaró en 2016 que el campo para refugiados de Manus era ilegal y debía cerrarse, obligando a Australia a anunciar su clausura para 2017. Según la legislación australiana, todo aquel que es interceptado tratando de llegar al país por vía marítima es enviado a las islas de Nauru y Manus para someterse a un proceso de registro que, en ningún caso, terminará con el reasentamiento en Australia. La Administración estadounidense de Barack Obama llegó a un acuerdo con las autoridades australianas para acoger a algunos refugiados, pero el nuevo Gobierno de Donald Trump se ha negado.

En el día de ayer el  ministro de Inmigración de Papúa Nueva Guinea, Petrus Thomas, pidió   al Gobierno de Australia que se responsabilice de los  inmigrantes que se encuentran en el centro de detención . Papua Niugini  no está obligada, conforme al acuerdo bilateral vigente, a hacerse cargo de los centenares de personas detenidas en un centro auspiciado por Camberra, que rechazan ser realojadas en otras partes del país, señaló el ministro en un comunicado: `Ellos siguen siendo responsabilidad de Australia, encontrar opciones en terceros países y ponerse en contacto con los respectivos gobierno de los (catalogados como) no refugiados para proceder a la repatriación voluntaria o involuntaria´, apuntó el líder papú.

 

 

 

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