Miembros del personal de la constructora española Ferrovial podrían ser expuestos a responsabilidades por crímenes contra la humanidad en Nauru y Manus

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La filtración al diario británico The Guardian  de  los Nauru Files (Archivos de Nauru) ,  más de 2.000 documentos sobre los centros de detención de inmigrantes y solicitantes de asilo del Gobierno australiano en la isla micronesia de  Nauru y en  la isla de Manus en Papua Niugini,  muestran la escala del sufrimiento al que están sometidos los internos en estos lugares: 8.000 páginas de informes internos sobre incidentes ocurridos en estos recintos, de mayo de 2013 a octubre de 2015, que relatan casos de asaltos, abusos sexuales a adultos y menores y automutilaciones, así como las terribles condiciones a que se ha relegado a estas personas. Un escándalo en el que  se ha visto arrastrada la constructora española Ferrovial, que el pasado mayo adquirió la empresa responsable de proporcionar servicios a estos centros, incluyendo el personal de seguridad responsable de muchos de estos excesos.

El pasado 25 de julio, una experta en derecho internacional de la Universidad de Stanford llegó incluso a asegurar que algunos de los empleados de la firma española podían llegar a ser procesados por su responsabilidad en estos hechos:

`Basándonos en nuestro análisis de los hechos, es posible que miembros del personal de Ferrovial podrían ser expuestos a responsabilidades criminales por crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma´, afirmaba Diala Shamas, del Centro Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de Stanford, en una entrevista. `Hemos expresado nuestra preocupación a Ferrovial en una comunicación privada con sus responsables y directores detallando nuestras conclusiones. Aún no nos han respondido´, explicaba. Desde Ferrovial, sin embargo, niegan la validez de esta argumentación legal.

El pasado 13 de mayo, Ferrovial adquirió la empresa australiana Broadspectrum , cuyo papel administrador en los mencionados centros de internamiento en Manus y Nauru ha sido muy cuestionado. Pero Ferrovial puntualiza: `Broadspectrum no gestiona estos centros. Es un proveedor de servicios del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano, ocupándose del mantenimiento, ‘catering’, limpieza, logística, seguridad, bienestar y transporte”.

Estos centros de detención ilegales forman parte de la controvertida política de asilo del Gobierno australiano desde hace una década y media, que estipula que, para evitar las responsabilidades derivadas de la legislación internacional sobre asilo, aquellos solicitantes interceptados en el mar no son enviados a la propia Australia territorial sino a  islas del Pacífico Sur , donde se evalúan sus peticiones. Se trata de un intento deliberado de disuadir a aquellos que trataban de llegar en patera a suelo australiano, dificultando muchísimo el proceso de obtención de asilo. Por ello, Camberra ha firmado acuerdos con Papúa-Nueva Guinea y Nauru para la creación de estos centros de detención, a cambio de importantes contrapartidas económicas.

Algunas voces opinan que el problema va mucho más allá de la mera gestión, y que la propia existencia del sistema de confinamiento en las islas supone ya una enorme violación de los derechos humanos. El pasado 27 de abril, el Tribunal Supremo de Papua Niugini ordenó el cierre del centro de detención de la isla de Manus, tachándola de `ilegal e inconstitucional´. Unos días después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) exigió el traslado inmediato de todos los internos a otro lugar con `condiciones humanas´. `No hay duda de que la política actual de procesamiento y detención prolongada en las islas es inmensamente dañina´, afirmó la institución en un comunicado.

No obstante, más de 1.300 personas permanecen encerradas en ambos centros a día de hoy. En junio, el psicólogo especializado en trauma Paul Stevenson, que ha trabajado regularmente en Manus y Nauru, aseguró en una entrevista que `no había visto tantas atrocidades en toda su carrera profesional de 43 años como en dichos lugares.

 Días después de la adquisición de Broadspectrum, un equipo de la ONG australiana No Business In Abuse se reunió con representantes de Ferrovial  para advertirles sobre lo que implicaba esta operación comercial. Su directora, Shen Narayanas según declaró a la prensa española,  los representantes de  Ferrovial  `no parecían tener un plan sobre qué iban a hacer´, especialmente respecto a la orden del ACNUR de transferir a los internos fuera de los centros. `Su nivel de información parecía muy bajo. Nuestra opinión es que compraron la empresa sin entender realmente de qué iba aquello, a pesar de toda la información pública y el hecho de que les habíamos contactado varias veces´, comentó

En concreto, el 29 de febrero de 2016, No Business in Abuse y el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia (HRLC) enviaron una `alerta a inversores´ a Ferrovial, sobre la posible complicidad en los abusos en la que podía incurrir la empresa con la adquisición de Transfield-Broadspectrum:   `La compañía nos indicó que no estaban preparados para hablar con nosotros mientras la oferta de adquisición estuviese vigente´, señala Rachel Ball, directora de promoción de políticas públicas del HRLC.

Para Ball, la responsabilidad de Ferrovial respecto a lo que sucede en Nauru y Manus es incontrovertible: `Las empresas que operan los centros de detención tienen obligaciones contractuales en relación con la seguridad y el bienestar de los detenidos, y están expuestos a responsabilidades civiles por los errores. Además, bajo los Principios Rectores de la ONU sobre Negocios y Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones´, indica. `El porcentaje exacto de beneficios derivados de los contratos de los centros no está claro. Un informe de expertos independientes señala que el sector social, de defensa y de propiedad, que incluye dicho contrato, suponeel 84% de la actividad económica de Broadspectrum´, afirma Ball. De acuerdo con No Business in Abuse, el Gobierno australiano paga 1,4 millones de dólares al día a la empresa por operar los campos.

A pesar de ello, la estrategia de Ferrovial parece ser la de deshacerse lo antes posible de estos polémicos centros. `El mismo día que se tomó el control de Broadspectrum, Ferrovial Servicios anunció que, dado que los servicios prestados en los Centros Regionales de Refugiados de Nauru y Manus no forman parte de su actividad, no figurarán tampoco en la oferta de Broadspectrum en el futuro. Por tanto, Broadspectrum no se presentará a la renovación del contrato, que convocará el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras del Gobierno australiano´, asegura el portavoz.

`Esto sería prudente, dado que cada día que pasa, los miembros de Ferrovial se arriesgan más a una futura exigencia potencial de responsabilidades legales´, explica Diala Shams.  `Cualquier compañía que se haga con dichos contratos se encontraría en una situación similar, a menos que haya cambios significativos en la política australiana [de asilo] y en las condiciones de estos centros de detenciones´, asegura.

`Saludamos el compromiso de Ferrovial de no proporcionar estos servicios en el futuro, pero los hombres, mujeres y niños en los campos de Nauru y la isla de Manus no pueden esperar a que el contrato de Broadspectrum expire en febrero del año próximo´, asegura Ball. `Cada día que los campos siguen abiertos, los refugiados y solicitantes de asilo sufren serios daños y cada día que Ferrovial opera esos centros, la empresa estará expuesta a un significativo riesgo legal, financiero y reputacional´

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