El Proyecto Experimental de Minería Submarina en las Islas del Pacífico está liderado por la Secretaria de la Comunidad del Pacífico y la Unión Europea. Iniciado en 2011 y habiendo recibido financiación de la UE por un valor de 4.4 millones de euros, se presenta con la supuesta intención de garantizar el buen gobierno en los países de Oceanía y aportar los conocimientos necesarios para la adecuada gestión experimental de sus recursos minerales en las profundidades marinas. Las grandes potencias industriales, que incluyen grupos que cuentan con el apoyo gubernamental en China, Japón y Corea del Sur, codician los sulfuros enclavados en las profundidades del Atlántico, Indico y Océano Pacífico. Compañías privadas han hecho cientos de evaluaciones y reclamado derechos de explotación en áreas volcánicas situadas en aguas que rodean a las islas Fiji, Tonga, Vanuatu, Aotearoa Nueva Zelanda, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.
Nautilus Minerals de Canadá podría convertirse en la primera empresa minera a explotar un depósito de sulfuros masivos -ricos en metales preciosos- en aguas de Papúa Nueva Guinea y a 1.600 metros de profundidad. Según estudios llevados a cabo por la compañía, esperan obtener más de 120.000 toneladas de cobre y 8.000 kilos de oro de la explotación de las fuentes hidrotermales del yacimiento de Solwara 1, enclavado en el Mar de Bismarck. Las Islas del Pacífico controlan los derechos minerales en sus aguas territoriales lo que les permite pueden negociar acuerdos mineros de una forma más fácil que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que tiende a actuar por consenso internacional.
Aotearoa Nueva Zelanda, a través de su agencia para la protección del medio ambiente, rechazó el pasado mes de febrero dar su consentimiento para la explotación de nódulos de fósforo en la elevación submarina conocida como Chatham Rise, localizada al este del país y constituye una de las zonas más productivas e importantes para la pesca comercial de las islas. Justifican su decisión argumentando que la `minería causaría significativos y permanentes efectos adversos en la existencia de la comunidad bentónica´ y que `el valor económico evaluado para este proyecto es moderado´. La minería en el fondo del mar es una de las actividades más agresivas que se desarrollan en el océano, ya que destroza el lecho marino y destruye hábitats que pueden ser esenciales para las especies más vulnerables. Los efectos pueden ser irreversibles. Existe además el peligro de que los metales diseminados durante el proceso penetren en el tejido de la fauna marina.
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