La creciente violencia en Papúa Nueva Guinea obliga a aumentar drasticamente las penas de prisión y considerar la aplicación de la pena capital

El Gobierno de Papúa Nueva Guinea  aumentará drásticamente las penas por delitos con violencia  y aplicará la pena de muerte.  El país posee la pena  capital, pero no se ha  puesto en práctica desde 1954;  teóricamente es aplicada en casos de traición, piratería y el asesinato. No existen los medios para aplicarla  aunque dentro de poco cambiará, declaró Peter O’Neill , primer ministro de la nación melanesia.  O’Neill dice que los crímenes violentos se están volviendo demasiado frecuentes  por lo que las penas de prisión se incrementarán  en la próxima sesión legislativa. Al mismo tiempo se anulará la polémica Sorcery Act o  ley que permite la persecución de las brujas   que  calificó de `absurda y bárbara´.

Hace ya casi una década  The Economist Intelligence Unit clasificó Port Moresby como  la peor ciudad del mundo para vivir y parece ser que las cosas no han cambiado desde entonces. La capital de Papúa Nueva Guinea está repleta  de lo que allí llaman  raskol  gangs o  violentas  bandas de criminales, que al mismo tiempo actúan como delincuentes en las áreas rurales del país; roban y comenten violaciones sin mostrar piedad alguna por sus víctimas para más tarde compartir su botín con los restantes miembros de su clan tribal.

Los miembros de las pandillas de violadores se enfrentarán a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cada día se producen una docena de crímenes contra las mujeres en los barrios deprimidos de la capital,  los más jóvenes integrantes de estas bandas y en número considerable consideran que violar a una mujer es una `obligación´  ello se traduce  en que en las zonas rurales  aquel muchacho que desea convertirse en un hombre debe acudir a la aldea del enemigo y matar un cerdo: En el caso del medio urbano, la mujer reemplaza al cerdo. Esta es la manera en que  el muchacho será aceptado en  su pueblo. Los jovencitos empezaran robando dinero o un coche, para ser aceptado en la banda, más tarde y como medio de iniciación deberán asaltar sexualmente a una mujer, tras cometer la violación la mejor opción será  asesinarla para no complicarse la vida con la policía.

Las drogas y el alcohol contribuyen a la delincuencia, por lo que la venta de este último será restringida entre las 02:00 y las 12:00 y se aplicaran penas de hasta 20 años por la producción de  alcohol casero. Aquellos que cultiven o vendan marihuana serán penados con 50 años de prisión. El consumo de drogas tendrá una pena máxima de 10 años. El gabinete papú está considerando la posibilidad de crear una prisión para delincuentes peligrosos en una isla aislada, para confinar a los asesinos y a los presos condenados a cadena perpetua. O´Neill admitió que algunos encontrarán las medidas draconianas `pero creo que la mayoría de nuestro pueblo está demandándolas ´.

La derogación de la Sorcery Act  viene provocada por recientes acontecimientos relacionados con la sanguma o brujería  y los  sanguinarios crímenes derivados de esta;  una mujer fue decapitada y otra, una joven madre, quemada viva al ser acusada de  practicar la magia negra;  Según testigos presenciales, la gente estaba tan enfurecida que ni siquiera la policía pudo  detener a los atacantes. En abril  se produjo violación en grupo de dos extranjeros, una australiana fue asesinada y su amiga agredida sexualmente por un grupo de hombres armados  tan sólo una semana después de que una investigadora, su esposo y sus guías fueran atrapados en una emboscada en un camino desierto por diez hombres  portando armas en el remoto bosque tropical de la isla de Karkar en Madang mientras realizaba un estudio sobre las aves y el impacto del cambio climático. En algunas áreas de la región del Sepik  se producen con frecuencia violaciones homosexuales contra hombres que viajan en solitario.

Cualquier asesinato relacionado con acusaciones de brujería será a partir de ahora tratado como crimen  bajo la derogación de la Ley de Brujería por la que tanto las Naciones Unidas cómo los grupos pro derechos humanos ha estado presionando. La sanguma o  brujería es una creencia generalizada en Papúa Nueva Guinea, donde muchos son los que no aceptan la muerte natural como explicación a una desgracia o a la misma muerte. Del mismo modo la violencia es a menudo utilizada como instrumento  para la solución de diferencias  tribales y problemas sociales. La Ley de Brujeria fue aceptada en 1971 y aunque no afirma con rotundidad la existencia de individuos que practiquen la magia negra, cualquier persona que se considere víctima de esta práctica puede utilizar este argumento como circunstancia atenuante en el caso de ser acusado de un delito de gravedad; además de convertir  en criminales a los sospechosos de su práctica.

La violencia contra las mujeres en el país adopta formas muy severas y es norma común en muchas provincias, especialmente en las zonas rurales  de las tierras altas.  Cuando se produce una muerte inesperada en una aldea, suele suceder que una mujer sea elegida al azar, generalmente forma parte de la familia de la víctima, para acusarla de brujería; la tortura se convierte en el medio de aceptación de la acusación y como cauce para provocar y justificar el asesinato. En los casos en los que los que  las mujeres sobrevive , estas son  expulsadas de la comunidad quedando totalmente  desamparadas ya que las autoridades de  Papúa Nueva Guinea no disponen de ningún programa de atención para acogerlas. Muchas de las víctimas suelen ser mujeres de avanzada edad. La única penalización que recae sobre los agresores es una breve estancia en prisión,  raramente son juzgados ante los tribunales. Las mujeres tienen miedo de prestar declaración, se apiadan de sus maridos o simplemente demandan la resolución del caso. Muchas  prefieren soportar la violencia y ser forzadas sexualmente, que verse desprovistas del apoyo masculino. Todo ello conduce  a que los hombres empiecen a mostrarse impunes ante la ley y que con ellos la violencia incremente en términos de crueldad que ni tan siquiera excluye a las embarazadas.

El dinero es otra de las razones por las que los agresores no son llevados ante la justicia. Para presentar denuncia las mujeres tienen que presentar un certificado médico cuyo precio no está al alcance de su economía, deben pagar también por la gasolina del coche de policía y por  otro lado los autores del crimen pueden fácilmente sobornar a los agentes de seguridad. Aunque la pena de muerte pueda convertirse en un instrumento de disuasión eficaz, está claro que en Papúa Nueva Guinea no es la mejor manera de resolver un grave problema de fondo.

Enlaces de Interés: Traspasando las fronteras culturales : Sanguma, brujeria en Papúa Nueva Guinea

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